Caracas, Venezuela, a 15 de octubre de 2024.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó un nuevo informe que acusa al gobierno de Venezuela de graves violaciones de derechos humanos durante el pasado proceso electoral. El documento, de 158 páginas, cubre el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, y señala a las fuerzas de seguridad y grupos civiles progubernamentales como responsables de asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual y de género.
El informe destaca la participación masiva de organismos de seguridad en actos represivos, tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas y tratos crueles y degradantes. Entre los responsables identificados se encuentran los servicios de inteligencia, tanto civil (SEBIN) como militar (DGCIM), además de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. La misión señala también que las declaraciones de las autoridades del Estado, especialmente después del 28 de julio, fomentaron un ambiente de hostilidad y represión.
El contexto electoral fue especialmente crítico, ya que el perfil de las víctimas de la represión se amplió considerablemente. No solo se persiguió a líderes opositores y activistas, sino también a ciudadanos comunes que expresaron su desacuerdo con el gobierno o los resultados de las elecciones. La represión aumentó significativamente tras el anuncio de los resultados electorales, con detenciones masivas e indiscriminadas, comparables en magnitud solo con las protestas de 2014, 2017 y 2019.
El informe también cuestiona el papel del Consejo Nacional Electoral y del sistema de justicia, señalando la falta de transparencia y de independencia. La Asamblea Nacional, por su parte, fue instrumental en la aprobación de leyes restrictivas que limitan el espacio democrático y los derechos civiles.
En los meses previos a las elecciones, se documentaron al menos 48 detenciones relacionadas con supuestas conspiraciones y 121 detenciones adicionales durante la campaña electoral, lo que el informe califica como una estrategia de represión selectiva contra militares, políticos y activistas.
