Ciudad de México, a 15 de abril de 2024.- Permisionarios del servicio taxista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), consideran que, con la nueva dirigencia de la terminal aérea, encabezada por el contralmirante José Ramon Rivera Parga, hay condiciones para hacer justicia, resarcir el daño a los permisionarios y acabar con la corrupción profundizada durante la gestión de Carlos Velázquez Tiscareño.
En el área de Transportación Terrestre del Aeropuerto, consideran los taxistas, se prevé la salida tanto de Mario Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y de Supervisión de Transporte Terrestre, como de sus allegados Rebeca Cruz Martínez, Sonia López Gallegos y Gustavo Arce Landa.
De acuerdo a los taxistas, estos funcionarios han obstaculizado la entrega de placas de la SICT, han negado el otorgamiento de tarjetones, de tarjetas de identificación aeroportuarias y con esto, generaron la paralización de las unidades de los permisionarios.
Los taxistas añadieron que esos funcionarios buscaron asignar las unidades a la empresa SPASA, propiedad del ex director del aeropuerto, Carlos Velázquez Tiscareño, quien tiene sociedad con José Luis Martínez Colina, director Jurídico del aeropuerto y con el propio Sánchez Becerra, afirman.
Este fraudulento equipo, aseguran los permisionarios, se han encargado de urdir deudas, no notificarlas en tiempo y forma y obligar a los taxistas a que las reconozcan, bajo amenaza de que “de no hacerlo”, se revocarían sus permisos, sin la posibilidad de incluso de intervención de un abogado que pueda revisar estos reconocimientos.
Informaron además que SPASA ya tiene denuncias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje “y en breve le pondrán las mantas roji-negras de huelga”. Afirman también que José Luis Martínez Colina, director Jurídico del Aeropuerto, les ha dicho incluso que tiene instrucciones de condonar deudas de los permisionarios, “pero que no lo quiere hacer”, por lo que, consideran, el nuevo director general del aeropuerto podría analizar dicha condonación y en su caso hacer que se cumpla.
Cabe decir que los taxistas se han dirigido tanto a la Presidencia de la República como a la Cámara de Senadores, para que intervengan en la defensa de sus derechos, ya que de este servicio de transporte dependen más de 10,000 familias de forma directa e indirecta.
“Agradecemos también a todos los jueces y magistrados que han ayudado para que las intenciones del exdirector Velázquez Tiscareño y su pandilla de delincuentes de cuello blanco no se quedaran con nuestros permisos” señalaron.