Nueva York, EEUU., a 15 de octubre de 2024.- El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado a 38 años de prisión (466 meses) por su participación en delitos relacionados con el narcotráfico, tras ser hallado culpable en febrero de 2023 de proteger a miembros de cárteles y facilitar el tráfico de cocaína durante su gestión de 2006 a 2012.
La sentencia, emitida por una corte de Brooklyn, Nueva York, establece un periodo mínimo de encarcelamiento de 20 años, pero los fiscales habían solicitado cadena perpetua debido a la gravedad de los crímenes cometidos y el impacto de sus acciones en el sistema de justicia mexicano.
Durante la audiencia, García Luna, de 56 años, se presentó con un traje azul navy, camisa blanca y corbata, acompañado por su esposa, Linda Cristina Pereyra, y su hija, Luna García. A pesar de los esfuerzos de su defensa, encabezada por el abogado César de Castro, para obtener la pena mínima argumentando su carrera en el servicio público, el tribunal decidió imponer una condena que prácticamente asegura que el exfuncionario morirá en prisión.
El caso de García Luna ha sido uno de los juicios más destacados en la historia reciente de México y Estados Unidos, debido a su rol central en la guerra contra el narcotráfico durante la administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
En su calidad de "zar antidrogas" de México, García Luna fue responsable de liderar las estrategias de seguridad para combatir a los cárteles, lo que hace especialmente grave su participación en la corrupción y protección de organizaciones criminales.
Las investigaciones revelaron que facilitó grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y aceptó millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La condena de García Luna también es un reflejo de las tensiones diplomáticas y políticas que han surgido en torno a la cooperación antinarcóticos entre México y Estados Unidos. Durante años, el gobierno mexicano negó la existencia de evidencia en su contra, incluso después de su detención en 2019.
Sin embargo, el juicio en Nueva York expuso testimonios y pruebas contundentes sobre los vínculos de García Luna con el crimen organizado, lo que ha motivado llamados a reexaminar las políticas de seguridad implementadas en el pasado y los mecanismos para prevenir la corrupción a alto nivel.
