Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2024.- El diputado Reyes Galindo Pedraza, planteó ante el pleno del Congreso de Michoacán, una iniciativa de reforma a la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, con el propósito de generar una política integral en esta materia que ayude a transitar hacia esquemas de gobernanza regulatoria por medio de un mayor grado de participación de la iniciativa privada, las instituciones académicas y de los ciudadanos en el diseño de esta política.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), explicó que el objetivo de este planteamiento es poder tener mayor competitividad y certeza jurídica a los inversores locales y extranjeros, para sacar el mayor provecho al potencial de desarrollo que representa el nearshoring para que este se traduzca en mejores oportunidades empleo, emprendimiento y clima de negocios en la entidad.
El legislador explicó que la gobernanza regulatoria refiere a las políticas públicas diseñadas bajo enfoques de integralidad e inclusión de los distintos sectores económicos, sociales y la participación de la ciudadanía en los roles que deben desempeñar los órganos reguladores y las entidades supervisoras para dar el máximo beneficio a la sociedad, propiciar la competitividad, combatir las prácticas monopólicas, oligopólicas y cartelarias, y dar certeza jurídica a los competidores en los diferentes mercados, así como a consumidores y usuarios de estos servicios.
Añadió que al contar con una política pública integral de mejora regulatoria se abona a las buenas prácticas de competencia de los mercados, minimización de la burocracia en lo concerniente a trámites, y la oferta de servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación; lo que da como resultado una herramienta eficaz en el combate a la corrupción.
El diputado petista, indicó que esta iniciativa establece las facultades y obligaciones de las autoridades estatales y municipales en la implementación de las políticas públicas de mejora regulatoria, prevé la conformación de un Consejo integrado por siete ciudadanos provenientes del sector académico, social y de los colegios de profesionistas, que se hayan destacado por su contribución en los principios que señala esta Ley.
