Monterrey, Nuevo León, 6 de septiembre del 2024.- En medio de supuestos escándalos por presunto desvío de recursos públicos y con una confrontación directa con los poderes Legislativo y Judicial, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se mantiene pendiente de la renovación de la Fiscalía General de Nuevo León (FGJNL), en la que ha buscado influir y en la que se ha dicho que lo investiga desde hace tiempo.
De acuerdo al medio de comunicación Proceso, diferentes carpetas han seguido presuntas triangulaciones de fondos a favor de Samuel García y de algunos de sus allegados, a través de empresas factureras que, al menos en un caso, estarían ligadas a la organización criminal de los Beltrán Leyva.
En tanto, Samuel García ha negado dichas acusaciones al rechazar el contenido de las investigaciones, acusa filtración y manipulación de información y señala a “la vieja política” –expresión con la que identifica a los políticos del PRI y del PAN– de estar detrás de todo.
Cabe destacar que en el Congreso de Nuevo león Movimiento Ciudadano tiene minoría, sin embargo, en los últimos meses, se ha “aliado” con las bancadas de Morena, PT y PVEM, con lo cual alcanzó 21 legisladores frente a los 21 que poseen la alianza PRI-PAN-PRD, en la búsqueda de instalar al nuevo o nueva fiscal del estado.
Desde el pasado lunes 2 de septiembre, el Congreso local no ha podido sesionar, puesto que no logran ni pasar el orden del día, por lo que las sesiones han quedado suspendidas ante las confrontaciones.
Proceso señaló que Samuel García, en su afán por conseguir un fiscal de confianza, propuso cuatro perfiles que fueron rechazados de manera inmediata debido a sus antecedentes.
Se trata de Carlos Contreras Segovia, Carlos Eduardo Mendoza Cano, Carlos Manuel Cuevas Martínez y Lorena Ahidee Treviño Pérez, quienes en su trayectoria reciente se han desempeñado en actividades relacionadas con la materia fiscal y de inteligencia financiera.
Carlos Manuel Cuevas y Lorena Ahidee Treviño cuentan con orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Anticorrupción de la entidad. Cuevas cuenta con una trayectoria en el sistema de procuración de justicia, donde se ha desempeñado como agente del ministerio público, director de averiguaciones previas, también de bienes asegurados y fue secretario particular de Adrián de la Garza durante los primeros años en que fue procurador.
No obstante, se distanció de Adrián de la Garza, el priista considerado hoy líder de la oposición y alcalde electo de Monterrey, al integrarse al gobierno de Samuel García como titular de la Oficina Ejecutiva de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica en la entidad durante el primer trimestre de samuelismo.
Cabe señalar que en esa época, la FGENL procesó un caso por ejercicio ilícito del servicio público.
El mismo delito de ejercicio ilícito del servicio público se le imputa a Lorena Ahidee Treviño, quien es abogada con maestría en Derecho Fiscal y su área de especialidad es precisamente Derecho Penal especializado en prevención y combate al lavado de dinero.
Otro caso es el de Carlos Contreras Segovia y Carlos Eduardo Mendoza Cano, quienes fueron denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de Tamaulipas por formar parte de un grupo de abogados implicados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, ejercicio ilícito del servicio público, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, “puesto que han utilizado esquema de financiamiento a grupos criminales, desvíos de recursos, corrupción y lavado de dinero”.
Es por ello, que la crisis entre el gobernador de Nuevo León y los poderes continúa en la entidad, en lo que parece una lucha de poderes o bien, un intento de salvaguardar sus espaldas con la designación de un fiscal “carnal”.
