Ciudad de México, a 16 de octubre de 2024.- Debido al flujo de información y la facilidad con la que se pueden adquirir los servicios de internet como de telefonía, la delincuencia ha aprovechado los medios digitales para conocer u obtener información sensible de personas o de empresas para atentar contra la integridad, el patrimonio y la vida de terceros, por lo que hay una urgente necesidad de crear una base de datos, expuso ante el Pleno el diputado federal por el Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar.
Ante el Congreso de la Unión, el legislador emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLII BIS al artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para la consolidación de una base de datos que funja como inhibidor de los delitos relacionados con el uso de estas formas de comunicación.
“Los delitos a través de los medios de comunicación son muy frecuentes, debido al fácil acceso que un usuario tiene para poder adquirir un dispositivo que así se lo permita, utilizando principalmente el teléfono celular. Entre estos delitos se encuentran el fraude y la extorsión, de los que han sido víctimas muchos usuarios mediante el engaño o presión psicológica. Los tipos de extorsión ejercidos por esta índole son de manera indirecta, ya que son realizados a través de los medios de comunicación como el teléfono o las redes sociales y no existe un contacto directo (personal) entre la víctima y agresor”, expuso en en tribuna.
Núñez Aguilar destacó que, de acuerdo con la Encuesta de Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública de 2023, las extorsiones por medio de las redes de telefonía han ido creciendo de manera significativa pues, siendo la extorsión telefónica el delito más frecuente en 14 entidades de la república, siendo el centro del país, el lugar donde se concentra mayormente.
A pesar de las propuestas de reforma que se han presentado a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer un mecanismo que permita tener un control de los usuarios de tarjeas SIM, los delitos que se realizan a través de las redes de comunicación telefónica siguen en aumento. Lo anterior, se debe fundamentalmente a que estos delitos no son investigados y perseguidos adecuadamente.
Por ello, el legislador señala que la propuesta de establecer un padrón de usuarios de telefonía móvil, como ocurre en otros países, servirá para poder reconocer a quienes hagan mal uso de ésta y contar con un medio de prevención o control para evitar que estos ilícitos sigan teniendo una tasa tan alta de impunidad.
Aunque reconoció que se tienen riesgos como la preocupación ciudadana del control que, desde el estado pudiera ejercerse, así como posibles casos de mal uso de datos, “para el año 2018 México contaba con más de 120 millones de líneas de telefonía móvil, lo que lo convertía en el tercer país con más teléfonos celulares del continente, detrás de Estados Unidos de América, que contaba con 422 millones, y Brasil, con 207 millones. Además se señala que aproximadamente el 80% de las líneas correspondía a servicios de prepago”, concluyó.