Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2024.- La seguridad representa la principal palanca de desarrollo de nuestro país, por lo que es necesario retomar el rumbo para la puesta en marcha de una estrategia efectiva, que no condene a las madres y padres a buscar a sus hijas e hijos porque desaparecen, una estrategia que ponga un alto al permanente luto en los hogares mexicanos, subrayó Araceli Saucedo Reyes, candidata al Senado de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México.
Araceli Saucedo subrayó que hoy en México es evidente la crisis de seguridad que vivimos todos los días y cada vez a niveles más preocupantes. “En Michoacán hemos padecido durante la última década una permanente inestabilidad generada por la inseguridad”.
Por ello en sus ejes de campaña, la candidata recalcó que uno de los más importantes es el de la seguridad, pues tiene claridad que al arribar al Senado de la República impulsará todas las acciones e iniciativas que generen mayores y mejores condiciones de seguridad para nuestro estado y país, poniendo siempre a las personas en el centro de las políticas públicas.
“En Michoacán como en México, merecemos que haya paz, que cada una y uno podamos desarrollar nuestros proyectos de vida sin sobresaltos, sin el temor a que nuestros seres queridos o nosotras y nosotros mismos podamos ser víctimas de algún delito”.
Refirió que en Michoacán como el México el dolor y el miedo se han instaurado como políticas de gobierno, frente a la omisión e ineficacia de quienes tienen bajo su responsabilidad garantizar la seguridad de la población.
“En el estado 8 de cada 10 personas se sienten inseguras. En 2023 se registraron mil 438 homicidios dolosos, lo que posiciona a Michoacán entre las seis del país con mayor número de casos, situación que resulta inaceptable”.
Araceli Saucedo destacó que desde el Senado de la República trabajará por la instrumentación de un Programa de Justicia Transicional, erradicando la impunidad que gozan los infractores de la Ley y ofrecer el conocimiento de la verdad a las víctimas del delito, garantizar su derecho a la justicia, a la reparación del daño y la no repetición.
“Además hay que reformar la Constitución para abolir la prisión preventiva oficiosa, estableciendo en su lugar un sistema claro de justificación de medidas cautelares que los jueces deban aplicar, en atención a los argumentos y pruebas de posible evasión de la justicia que las fiscalías presenten contra los acusados”, subrayó.
