Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2024.- El dinero de los michoacanos sigue gastándose a discrecionalidad por parte del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien en los últimos tres meses del 2023 erogó mediante el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (Cadpe), al menos 41 contratos sin licitar por más de 100 millones de pesos, varios de ellos a empresas de reciente creación.
Investigaciones realizadas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) dejan constancia de cómo el morenista no cumple ni con los decretos que el mismo emite para regular las adjudicaciones directas, toda vez que decenas de esos contratos sobrepasan el millón de pesos, cifra establecida como tope para asignar obra o servicio a una empresa sin licitar.
Además de violar la ley de manera flagrante, los onerosos contratos son escondidos, pues solo constan los registros dentro de la PNT, cuando por ley, su Gobierno debió colocar un enlace donde conste el documento que avale el registro realizado ante esa plataforma.
Pese a ello, investigaciones periodísticas realizadas establecen que una de esas empresas de reciente creación a las cuales el Gobierno de Michoacán le ha dado millones de pesos es Maralemaxem S.A. de C.V., la cual apenas fue creada en 20 de octubre del 2022.
A dicha compañía que se formó con un capital superior al medio millón de pesos, con la sociedad de Julieta González Orozco y Socorro Mariana García González, según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, le fueron otorgados dos contratos en el último trimestre del 2023 mediante adjudicación directa que suman más de 2 millones de pesos.
Los convenios mercantiles están registrados ambos ante la PNT con el folio 82-23-20ORD-4SA-CADPEsin embargo, en ambas inscripciones los servicios prestados son totalmente diferentes, pues en el primero se establece como servicio de “Congresos y convenciones”, mientras que en el segundo, fue “Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos”.
Otro ejemplo de compras sospechosas a empresas de reciente creación por parte del Gobierno de Ramírez Bedolla es la firma ABCA Energy Company, S. A. P. I. de C.V, a la cual se le asignó un contrato sin licitar por 8 millones 602 mil 328.28 pesos para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos.
Esta compañía fue creada en tan solo cuatro días después de que Ramírez Bedolla ganó las elecciones del 2021 y según el RPC los socios son Antonio Miguel Abraham Castellano y Miguel Antonio Abraham Hanna.
Asimismo, existen registros ante la PNT de más millonarios gastos en favor de Mariel Yaneiri Luna Valdés a quien se le entregó el contrato con folio 49-23-11EXTRAORD-17SA-CADPE, para la compra de equipo médico de laboratorio por un monto de 3 millones 846 mil 089.04 pesos.
Dicha persona no cuenta con otro registro dentro de la PNT de compras realizadas por parte del Gobierno de Michoacán, solo se logró averiguar que en 2010 le fue revocada una licencia en el municipio de Morelia para la venta de abarrotes.
De igual forma, los contratos por adjudicación directa evidencian el desprecio del gobernador por los comercios locales, puesto que mediante el CADPE se le asignó a la empresa coahuilense Pranatec un convenio mercantil número 142-23-11EXTRAORD-10SA-CADPE sin la menor adjudicación por un total de 7 millones 151 mil 085 pesos para la compra de mobiliario y equipo recreativo para el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi).
Cabe señalar que las compras realizadas de manera directa por parte del CADPE violan un decreto publicado el 10 de junio del 2022 en el periódico oficial donde se establecen los límites para la adjudicación directa de obras que son un millón 56 mil pesos y de servicios de 493 mil pesos.
