Chilpancingo, Gro., a 9 de octubre de 2024.- En Guerrero, el "Ramo 33", una partida presupuestaria destinada a la infraestructura municipal y los servicios básicos, se ha convertido en una herramienta clave del crimen organizado para extorsionar y controlar a alcaldes y autoridades locales. Esta problemática no solo afecta a Chilpancingo, cuyo acallde fue asesinado el pasado domingo, sino a todo el estado y a diversas regiones del país, donde la supervivencia política y, a menudo, física de los funcionarios depende de su disposición a colaborar con el crimen.
A propósito del reciente asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán, una fuente militar anónima relató a la prensa nacional que los Alcaldes recién electos son convocados por grupos delictivos para "negociar" la entrega de fondos del Ramo 33. "Si aceptan las condiciones, sobreviven su mandato, pero si se niegan, están sentenciados a muerte", comentó la fuente, revelando el nivel de control que ejercen estas organizaciones sobre los gobiernos municipales.
El modus operandi de estas redes criminales es siempre el mismo: las citas con los alcaldes son obligatorias y sirven para trazar un plan sobre cómo se utilizarán los recursos del Ramo 33, especialmente en obras públicas que, con sobrecostos millonarios, enriquecen tanto a los políticos corruptos como a los cárteles. Uno de los casos más notorios involucra a Norma Otilia Hernández, exalcaldesa de Chilpancingo, quien presuntamente pactó con Los Ardillos para destinar parte de esos fondos a la remodelación del rastro municipal. La obra, valorada en 95 millones de pesos, incluía la compra exclusiva de materiales a empresas controladas por el grupo criminal.
"Es una maquinaria que nunca deja de generar dinero", comentó la fuente, subrayando que muchas de las empresas que abastecen estas obras son fachada de negocios lícitos, operados por prestanombres de los grupos delictivos. "Los alcaldes están atrapados: si no compran materiales a estos proveedores, ponen en riesgo sus vidas".
Otro ejemplo emblemático de esta colusión entre autoridades y crimen organizado es la construcción de un relleno sanitario que atiende a municipios como Chilpancingo, Tixtla y Zumpango. Según la fuente militar, dicho proyecto también fue financiado parcialmente con fondos del Ramo 33 a través de sobreprecios. El proyecto no solo benefició económicamente a Los Tlacos, sino que les permitió tomar control de la administración del sitio, convirtiéndose en un centro de poder adicional para la organización criminal.
El relleno sanitario, ubicado en el libramiento a Tixtla, opera bajo la sospecha de albergar fosas clandestinas. Las 12 hectáreas del terreno, además de su función oficial, podrían estar siendo utilizadas para ocultar los restos de víctimas de la violencia, una práctica que refleja el grado de impunidad con el que operan estos grupos en Guerrero.
La problemática del Ramo 33 es un síntoma de cómo la violencia y la corrupción están entrelazadas en muchos municipios del país. Mientras los recursos destinados a mejorar la vida de los ciudadanos son desviados a manos del crimen organizado, la seguridad de los funcionarios y la población en general sigue siendo una moneda de cambio en un entorno dominado por el miedo y la impunidad.
