Morelia, Mich., a 18 de enero de 2024.- Las autoridades del estado de Michoacán se encuentran rebasadas por la crisis ambiental generada por la tala clandestina, el robo de agua y el cambio de uso de suelo, asociado mayormente a la siembra de aguacate.
Desde el año 1997, cuando se realizó la primera exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos, las cifras de exportaciones ha aumentado un 700 por ciento.
La demanda de los mercados por el llamado “oro verde”, ha causado un desequilibrio ambiental, pues cada vez aumenta la deforestación para sembrar aguacate.
Al ser desmontado el bosque, el agua ya no puede ser retenida y los mantos acuíferos se secan.
El aguacate es además un árbol que requiere de mucha agua, lo que causa gran estrés para esas mismas plantas y para todas las que dependen del constante flujo del agua.
En Michoacán son 46 municipios con 170 mil hectáreas certificadas donde se siembra el aguacate, aunque el fruto sembrado y cosechado de manera irregular, podría sumar otras 230 mil hectáreas, de acuerdo con algunas estimaciones.
Tancítaro, Tacámbaro, Ario y las demarcaciones del poniente, que colindan con Jalisco, y las del oriente, donde se halla la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, son las regiones donde más se ha expandido la fiebre del aguacate.
Sin embargo, ni la capital del estado, que hace muchos años dejó de tener una vocación agrícola, se ha salvado de esta ola del aguacate, y ya son varios los sembradíos ilegales detectados.
El agua que de manera ilegal se está sustrayendo del subsuelo y de cuerpos de agua, han derivado en la progresiva sequía del segundo mayor lago de México, el de Cuitzeo, que este año presenta un déficit del 70 por ciento de agua.
Otro lago afectado es el de Pátzcuaro, que a mediados del 2023 solo tenía un 15 por ciento de su capacidad.
